PLATAFORMA ELECTORAL DE LA UNION CÍVICA RADICAL DEL
PUEBLO
Que el Gobierno Radical Llevará a la Práctica en el
Transcurso de su Gobierno
OBJETIVOS:
La Unión Cívica Radical del Pueblo propenderá a la movilización
de los recursos materiales y espirituales de la Nación,
utilizando la planificación económica y social democrática, para
la obtención de las siguientes metas de gobierno.
1) Preservar la paz interior y recuperar la fe pública.
2) Afirmar la soberanía nacional y recuperar la vocación de
grandeza del pueblo argentino.
3) Recuperar los resortes fundamentales de la economía,
comprometidos por la actual política petrolera, eléctrica y
monetaria.
4) Lograr un desarrollo armónico del país que supere los
problemas fundamentales de estructura y asegure el constante
aumento del ingreso nacional, concertando un vigoroso desarrollo
industrial con la impostergable intensificación de las
actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras.
5) Asegurar la mejor distribución de la riqueza y la renta
nacional para promover una efectiva movilidad social que
facilite la seguridad económica de los trabajadores y la clase
media.
6) Promover la reforma agraria sobre la base de la modificación
de la estructura económica, técnica, jurídica y social de la
tierra para aumentar su productividad y arraigar a la familia
campesina, facilitando su acceso a la propiedad de la tierra.
7) Estructurar un dispositivo de seguridad social que proteja al
pueblo de todas las contingencias y lo libere de la inseguridad
y el miedo.
8) Promover una enérgica acción de alfabetización y cultura
popular y desarrollar planes de capacitación técnica y agraria.
9) Respetar integralmente las bases federalistas como fundamento
de nuestra organización nacional, emancipando a las provincias
del centralismo político y económico.
10) Inspirar una política internacional con sentido americanista
que permita la participación fraternal del país en la tarea de
construir un mundo libre y democrático, exento del temor, de la
ignorancia y de la necesidad.
Para el cumplimiento de estos fines esenciales, la Unión Cívica
Radical del Pueblo concitará a los partidos políticos que se
avengan a convivir en la democracia y las fuerzas del trabajo y
empresarias para la realización de un esfuerzo armónico que
permita su urgente concreción y promoverá la estructuración de
un Concejo Económico Social con participación de las fuerzas
sociales y económicas de la Nación.
Las metas de gobierno serán alcanzadas en un marco institucional
que: Preserve los fueros de la personalidad, garantice una
auténtica libertad política, gremial y cultural, consagre la
libertad de información, expresión, reunión y asociación.
FORMACIÓN MORAL Y
DEMOCRATICA
Política de pacificación nacional, Afianzamiento de la libertad
del ciudadano y preservación de la democracia. Eliminación
definitiva de todas las formas de coacción y de violencia.
Legislación adecuada a los fines y principios de la libertad,
consagrados por la Constitución Nacional e imposibilidad de
vulnerar por vía reglamentaria los derechos individuales y
sociales. Mantenimiento inalterable del respeto a la conciencia
religiosa de todos.
Derogación de toda ley represiva de las actividades políticas
gremiales y del pensamiento. Proscripción del delito de opinión.
Ley de Amnistía para los casos políticos y gremiales que no
importen delitos comunes.
Fundamentación moral de la vida pública y política. Integración
sin exclusiones del cuerpo electoral de la Nación. Austeridad
republicana en la actividad oficial. Legislación represiva de la
inmoralidad administrativa, del enriquecimiento ilícito de los
funcionarios y de la actuación incompatible de estos en
intereses privados de empresas monopolistas de servicios
públicos o con intereses en colisión con los del estado.
Creación de condiciones de vida y de cultura que exalten la
libertad y dignidad del hombre. Protección a la familia.
CULTURA Y EDUCACIÓN
Libre acceso a la cultura en todos sus niveles, la que estará al
servicio de la emancipación espiritual del hombre, de su
capacitación y de los altos objetivos nacionales.
Defensa de los postulados de la Reforma Universitaria.
Ley Nacional de Educación que, de acuerdo con los principios que
inspiran la Ley 1.420 - escuela gratuita, común y respetuosa de
la libertad de conciencia - procure:
- El abandono del formalismo enciclopédico para profundizar la formación
científica y humanística.
- La erradicación del analfabetismo y la deserción escolar.
- La organización racional de la enseñanza para que asegure la formación
moral y cívica del educando.
- Una escuela que eduque al niño y al joven para la libertad y para la
solidaridad social.
- La organización de la educación diferencial.
- La protección y recuperación del menor socialmente inadaptado.
- El funcionamiento de escuelas hogares y comedores escolares.
- El fomento de la educación regional y el desarrollo de la escuela
rural.
- La difusión y ampliación de la enseñanza técnica de acuerdo con los
planes de desarrollo industrial.
- La dignificación de la función docente. Aplicación y perfeccionamiento
del estatuto del docente.
- El libre funcionamiento de las asociaciones gremiales de educadores.
- Tesoro y gobierno propio de la Educación. Presupuesto adecuado a las
necesidades de la educación.
- La utilización de los modernos medios audiovisuales con fines
educativos.
- El confort en la escuela por un plan de edificación escolar y de
adquisición de materiales didácticos modernos.
Estímulo y amplio apoyo a las artes, las letras y la ciencia.
Fomento de las artes espectaculares: teatro, cinematógrafo y
televisión y de la radiotelefonía como vehículos para el
acercamiento de la cultura al pueblo.
Estímulo de la producción, edición y difusión del libro
argentino. Acuerdos culturales en tal sentido, dentro del área
de los países de habla hispana y especialmente en Latinoamérica.
Intenso intercambio cultural con todos los países, especialmente
con los de América promoviendo el acercamiento y fraternización
de los pueblos y sus juventudes.
Participación de las entidades culturales privadas en los
órganos correspondientes del Estado.
Protección al trabajador intelectual. Medidas para detener la
migración de científicos, investigadores y técnicos.
Becas para estudio, perfeccionamiento e investigación. Crédito
moral al estudiante.
Apoyo económico a la investigación científica y técnica.
Planes orgánicos de educación física y estímulo a la práctica
del deporte.
Difusión del cooperativismo en todos los niveles de la
enseñanza, especialmente en los medios rurales.
BIENESTAR Y SEGURIDAD SOCIAL
Reglamentación del Art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Sanción del Código de Trabajo y Seguridad Social que sistematice
la legislación laboral y previsional, garantice el derecho de
huelga, permita la libertad de asociación sindical y asegure la
solución rápida de los conflictos.
Reestructuración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
sobre bases técnicas.
Política gremial que posibilite la unidad del sindicalismo
argentino y lo preserve de la intromisión del Estado y de su
instrumentación política.
Política de pleno empleo. Seguro de desempleo.
Salario vital móvil. Compensación "in itínere" para los casos de
establecimientos que se trasladen sin resolver el problema de la
vivienda o transporte. Compensación por lugar de trabajo
excesivamente alejado.
Creación de Comités de industria y Consejos de Empresa para
promover la colaboración del capital y el trabajo, a los efectos
del mejor cumplimiento de la legislación en materia de seguridad
industrial, y para el estudio de los medios convenientes y
justos para la elevación de la productividad y el
establecimiento de bases para la cogestión.
Creación del Concejo de Relaciones obrero-patrones para estudio
y asesoramiento de los poderes públicos y de las organizaciones
empresarias y sindicales, que atenderá en forma particular los
problemas que se derivan de las relaciones humanas en las
empresas.
Mantenimiento del régimen previsional teniendo a su total
efectividad y a un sistema de seguridad social integral que
cubra todos los riesgos de la vida del hombre y la familia.
Régimen de funcionamiento regular y autárquico de las Cajas
provisionales, como asimismo de inversión eficiente de sus
recursos para beneficio de los afiliados.
Cumplimiento de la ley que fija haberes jubilatorios y de
pensión en función de los sueldos en actividad y actualización
de la tabla de coeficientes establecida en el decreto
reglamentario.
Establecimiento de jubilaciones y pensiones mínimas vitales.
Recurso judicial en los casos de dilación en los trámites
jubilatorios. Imprescriptibilidad de los derechos de los
beneficiarios.
Control de los afiliados sobre los aportes y contribuciones a
las cajas con el objeto de evitar evasiones.
Derogación de la actual ley de jubilaciones para legisladores y
su reemplazo por un instrumento no discriminatorio y que no
establezca privilegios en la materia.
Creación de un organismo de investigaciones sociológicas para la
indagación de la realidad social en los medios rural, urbano e
industrial a fin de dar las bases para la legislación y una
correcta programación de la obra de gobierno.
Protección integral de la familia, procurando que los riesgos
económicos y de salud no incidan sobre la integridad del núcleo
familiar.
Ley de Medicina del Trabajo y Seguridad Industrial que procure
la prevención de los riesgos profesionales según los enunciados
de la OIT.
Adecuación de las leyes de maternidad y accidentes de trabajo a
la más moderna orientación en la materia.
Legislación sanitaria que permita la atención eficiente y
económica de la población.
Creación del Seguro de la salud.
Acción sobre el precio de los medicamentos los que se consideran
un bien social.
Protección de la madre trabajadora.
Creación de guarderías infantiles y centro materno infantiles.
Amparo a la minoridad y a la ancianidad.
Creación del Concejo Nacional de la Juventud que tendrá a su
cargo la consideración de los problemas que la afectan
específicamente, propendiendo a su orientación y estimulando sus
vocaciones.
Creación de un Concejo Económico Social para realizar el
planeamiento democrático de la economía, afirmando el contralor
por el Congreso Nacional de los resortes superiores: la moneda,
el crédito, el presupuesto y la política fiscal, cambiaria y
aduanera.
Promoción de un vigoroso desenvolvimiento industrial en
conjunción con la intensificación de las actividades
agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras.
Afirmación de la iniciativa privada y pleno apoyo al sistema
cooperativo en todos sus aspectos.
Vigencia efectiva del régimen competitivo, a cuyo efecto, el
Estado deberá impedir las interferencias monopólicas que lo
perturben.
Estricta política de prelación de inversiones en los sectores
básicos: transportes, comunicaciones, energía y siderurgia.
Promoción del ahorro nacional, alentándolo hacia los sectores
que más interesan para el desarrollo económico. Radicación de
capitales externos para el desarrollo económico.
Radicación de capitales externos en cuanto complementen el
esfuerzo nacional en la obtención de esos objetivos.
Denuncia de los acuerdos y convenios que supeditan el manejo de
la economía nacional a las decisiones del fondo Monetario
Internacional.
FINANZAS
Política financiera como instrumento del desarrollo económico,
manteniendo un alto grado
de actividad, con el máximo empleo de los recursos disponibles,
una equilibrada expansión
de los distintos sectores de la economía de modo que el
crecimiento operado logre una
adecuada distribución. Al efecto se propenderá:
Lucha contra la inflación, fundamentalmente incrementando la
producción de bienes y
servicios, a fin de contener el alza del costo de la vida sin
afectar la plena ocupación ni el
desarrollo económico del país.
Saneamiento financiero y política crediticia que atienda
fundamentalmente al desarrollo
de nuestra economía y canalice el crédito fomentando los
sectores de la producción y del
comercio de más significado económico y social. Represión de la
usura.
Política presupuestaria que asegure las inversiones públicas de
capital social necesario
para que la iniciativa privada se desarrolle con amplitud.
Reducción de los gastos públicos
improductivos.
Política fiscal con profundo sentido social.
Defensa del Instituto Nacional de Reaseguros.
Participación equitativa de las provincias en las contribuciones
recaudadas por el Estado
Nacional, respetando el régimen federal.
POLÍTICA AGROPECUARIA
Facilitación del acceso a la propiedad de la tierra del
auténtico productor.
Intensificación y diversificación de la producción agropecuaria
asegurando a los
productores, los beneficios derivados de la misma.
Disminución de los costos de producción a fin de asegurar un
abastecimiento más
económico de la población y la competencia en los mercados
internacionales, mediante:
División de los latifundios que económica y socialmente
perturban el desarrollo de la
economía y eliminación de los inconvenientes de los minifundios.
Utilización inmediata de la
tierra pública con fines de colonización.
Difusión de conocimientos y las ventajas del progreso técnico.
Instalación de centros de
mecanización agrícola, planes de enseñanza y planes de
divulgación técnica y experimental
para perfeccionar la producción y evitar la pérdida de
fertilidad de los sueldos.
Préstamos agropecuarios específicos que satisfagan las
necesidades del sector.
Precios de apoyo a la producción agropecuaria básica en
consonancia con la evolución
de la demanda interna y externa y el desarrollo económico del
país.
Defensa de los precios de exportación.
Régimen de comercialización de cosechas y de carnes que asegure
a los productores los
beneficios derivados de su colocación.
Actuación competitiva de los frigoríficos y pleno apoyo a la
creación y al contralor por los
productores, de frigoríficos regionales y de exportación.
Estímulo y fomento a la constitución de cooperativas agrarias.
Localización regional de las industrias que empleen productos
del agro. Aprovechamiento
integral de los subproductos.
Promoción de la actividad y riqueza forestal, coordinando las
medidas de la Nación y de
las Provincias.
INDUSTRIA
Promoción de la instalación de una estructura industrial
integral y eficiente, consolidando
aquellas de interés nacional y fomentando el desarrollo de la
industria pesada, mediante:
Acción oficial hacia la solución de sus dificultades en materias
primas, energía, maquinarias
y transportes y la eliminación de trabas burocráticas.
Mercado interno con creciente capacidad de consumo y externo
mediante la integración
de mercados regionales en los países latinoamericanos.
Protección a la industria en base principalmente a aranceles
aduaneros razonables.
Política crediticia que asegure la atención financiera de todas
las etapas del proceso
productivo y facilite a la actividad privada y en especial a la
pequeña y mediana industria, la
obtención de créditos en el exterior.
Adecuación de los plazos de las operaciones crediticias que
permitan financiación de las
distintas necesidades.
Mejoramiento técnico. Fomento y radicación de la industria en
los lugares de producción
de las materias primas a elaborar.
Orientación de las inversiones hacia los sectores que permitan
la sustitución de las
importaciones en función del programa de desarrollo económico.
COMERCIO EXTERIOR
El comercio exterior estará concebido en función del interés
público, y será orientado a la
consecución de las necesidades y fines establecidos en el
programa de desarrollo nacional,
mediante:
Fomento y diversificación de las exportaciones.
Relaciones comerciales con todos los países.
Ampliación y diversificación de los mercados compradores,
propiciando la efectividad del
Mercado Común Latinoamericano.
Racionalización de la distribución y comercialización de los
productos.
Ampliación y mayor automaticidad del régimen de dra-back, a fin
de promover y facilitar la
exportación de productos manufacturados.
Implantación de un sistema que permita la afluencia al país de
las importaciones
imprescindibles, estableciendo para ello un estricto régimen de
prioridades.
SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA ELECTRICA
La prestación de servicios públicos se realizará a precios
razonables y con orientación
hacia los supremos objetivos nacionales, supuestos que no
siempre son compatibles con su
explotación por la empresa privada, mediante:
Revisión inmediata de la política energética.
Ratificación de la invalidez jurídica de las concesiones
eléctricas de la Capital Federal y
Gran Buenos Aires.
Explotación directa por el estado de los servicios públicos
fundamentales.
Administración descentralizada de las usinas termo e
hidroeléctricas de los servicios de
riego por asociaciones regionales.
La explotación de las fuentes de energía hidráulica quedará
reservada a los Estados
nacional o provinciales, y la legislación determinará las
limitaciones de potencia y demás
restricciones con arreglo a las cuales podrán autorizarse otras
explotaciones.
Sanción de un Código de Aguas y de un Código de la Energía.
Plan vial y régimen de tarifas ferroviarias adecuadas a las
necesidades regionales y
nacionales.
Mejoramiento nacional y progresivo de los transportes.
Reactivación y construcción de
puertos, asegurando las autonomías locales.
Política de fomento del transporte aéreo, marítimo, fluvial y
terrestre.
Aumento del tonelaje y modernización de la Flota Mercante
Nacional al servicio de las
necesidades de nuestro comercio exterior.
PETROLEO
Explotación racional por el Estado del petróleo y energía
atómica para cumplir los
requerimientos del desarrollo nacional cuidando la conservación
de los recursos naturales
agotables. A tal efecto se procederá a la:
Revisión inmediata de la política petrolífera. Nulidad de los
contratos de petróleo.
Explotación exclusiva por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y
las demás empresas
nacionales especializadas o por los estados provinciales, cuando
el Congreso Nacional lo
autorice, del petróleo, el gas de petróleo y los minerales
necesarios para la producción de
energía atómica, sin perjuicio de los contratos de locación de
obras y / o servicios. En
ningún caso ni la Nación ni las Provincias podrán otorgar
concesiones.
Participación equitativa de las provincias en el producido de
las explotaciones referidas.
Explotación intensiva y amplia de la riqueza mineral del país.
Actualización del Código de Minería.
EMPRESAS DEL ESTADO
El Estado intervendrá directamente a través de las empresas
públicas en los sectores
básicos de la economía, o en aquellos en que la actividad
privada esté imposibilitada de
intervenir.
Las empresas estatales deberán asegurar su funcionamiento
eficiente, mediante:
Amplio e integral apoyo a las entidades estatales: Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, Gas
del Estado, Agua y Energía, en defensa de la recuperación
energética del país, encauzando
el ahorro popular al logro de tal fin.
Organización racional de las empresas del Estado, que asegure su
funcionamiento
competitivo, la individualidad en la determinación de los
resultados para juzgar su eficiencia,
la responsabilidad de los funcionarios y remuneraciones
adecuadas a la importancia de su
función. Gobierno de las empresas, integrados con participación
del factor trabajo y de los
usuarios.
Tribunales administrativos que atenderán en los reclamos de los
usuarios.
VIVIENDA
Se ha de proporcionar vivienda digna, sana y económica a la
población, mediante:
Promoción de nuevas técnicas en la industria de la construcción,
que permitan la
disminución de sus costos.
Planes permanentes de fomento de la vivienda propia mediante el
otorgamiento de
créditos para la edificación y / o adquisición que tenga como
base el real costo de las
mismas.
Atención preferente de las unidades menores.
Descentralización de los núcleos urbanos mediante el apoyo a la
construcción en los
centros económicos regionales.
FEDERALISMO Y REGIMEN MUNICIPAL
Rehabilitación de las bases federalistas que fundamentan nuestra
organización nacional.
Emancipación de la provincia del centralismo político y
económico, sin perjuicio de la
unidad que implica el país en su conjunto. Promoción de mercados
regionales con
dimensión adecuada. Descentralización administrativa y
radicación en las distintas zonas
de los servicios técnicos y de las oficinas de crédito.
Plena autonomía municipal de la Ciudad de Buenos Aires, elección
popular del
Intendente.
DEFENSA NACIONAL
Disminución del presupuesto de las fuerzas armadas a niveles
acordes con las reales
necesidades del país.
Modernización de la estructura operativa de las fuerzas armadas.
Estricta subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil,
debiendo aquellas ceñirse
al cumplimiento de las funciones que le atribuye la Constitución
Nacional.
POLÍTICA INTERNACIONAL
Política exterior inspirada inspirada en el pensamiento de
Hipólito Irigoyen.
Recuperación del prestigio internacional de la República,
mediante una política que
afirme la tradiciónal independencia de Argentina en sus
relaciones con el mundo.
No participación en las alternativas de la guerra fría que
engendra graves tensiones
internacionales.
Ratificación de la política de no intervención y
autodeterminación de los pueblos.
Apoyo a los pueblos que luchan por su liberación de cualquier
forma opresiva.
Estrecha solidaridad con los pueblos de Latinoamérica en su
lucha para la eliminación de
las causas que determinan el atraso, la miseria y la ignorancia.
Actuación en los organismos
interamericanos y mundiales, de modo tal que sus decisiones
reflejan la voluntad común de
las naciones latinoamericanas de vivir en paz y solidaridad,
para cimentar el progreso según
los enunciados de la Carta de Punta del Este.
Oposición al empleo de armas nucleares. Reducción de armamentos.
Afirmación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas,
Territorio Antártico y
jurisdicción absoluta sobre el mar epicontinental.
Fuente:
Historia y Doctrina de la UCR. |