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I.-DERECHOS HUMANOS:
“Promover el respeto irrestricto de los derechos humanos
y la permanente defensa del sistema democrático,
garantizando la plena vigencia de las libertades
públicas. Bregar junto a los Partidos Políticos y otros
sectores democráticos par impulsar el debate público, el
consenso y la concertación como los principales
instrumentos de la acción política. Sostener la igualdad
de derecho del hombre y la mujer y la lucha contra
cualquier intento de discriminaciones por razones de
nacionalidad, raza, religión o ideología. Promover el
fortalecimiento de la sociedad sobre la base de la
afirmación de la libertad de las personas, la
participación y la ética de la solidaridad, haciendo de
la política una herramienta concreta de transformación y
resolución de los problemas sociales en poder del
ciudadano. Asegurar el fiel cumplimiento de los acuerdos
y convenciones internacionales a los que ha adherido la
Nación sobre la defensa y resguardo de los derechos
humanos”.
II.- REFORMA INSTITUCIONAL:
“Impulsar la reforma institucional, que incluye la
reforma de la Constitución Nacional, con los objetivos
básicos de descentralizar las funciones del poder,
establecer sistemas de participación directa de los
ciudadanos y sociales, flexibilizar el régimen
presidencial promoviendo un papel más activo del
congreso en la formación y control del gobierno.
Modernizar el poder legislativo, para tornar más ágil y
eficiente su actividad, tanto en el procedimiento y
sanción de las leyes, como en sus funciones de
contralor; reafirmar la independencia del poder
judicial, asegurando una política presupuestaria que le
de autarquía y garantice su pleno funcionamiento,
modernización y eficiencia; promover mayor
transparencia, publicidad e imparcialidad en la
designación de magistrados, modificar las leyes de
procedimientos haciendo realidad las prescripciones
constitucionales de inmediatez, publicidad y fácil
acceso a la protección jurídica a fin de que el Poder
Judicial sea custodio fuerte, ágil e independiente de
los derechos individuales”.
III.- FEDERALISMO: “Reivindicar las bases federalistas y
comunales que contempla la Constitución Nacional en
todos sus aspectos institucionales, educativos,
culturales y económicos. Promover el desarrollo político
democrático armónico de cada una de las regiones
geográficas del país impulsando su crecimiento
económico, y consolidando la unidad nacional y la
democracia en las sociedades del interior del país.
Consagrar el derecho del pueblo de la ciudad de Buenos
Aires a elegir su Intendente Municipal. Asegurar los
intereses de las provincias y establecer un régimen
autónomo para los municipios, garantizando los recursos
suficientes para cumplir las respectivas funciones.
Propiciar el reordenamiento territorial y la
desconcentración de la población. Implementar
oportunamente el traslado de la Capital Federal”.
IV.- PARTIDOS POLITICOS: “Consolidar el sistema de
partidos políticos a partir de su reconocimiento como
las únicas organizaciones que pueden nominar
candidaturas para cargos que se proveen mediante la
elección de la ciudadanía, por lo tanto esenciales como
expresión de la voluntad popular, como vehículo de
información y formación política y como instrumentos
indispensables en la formulación y realización de la
política nacional. Promover el respeto de los principios
democráticos en su funcionamiento interno, mediante
disposiciones que garanticen la más amplia participación
y el voto directo exclusivo para los afiliados en la
elección de autoridades y candidatos. Sostener sistemas
electorales que representen la voluntad del ciudadano y
eviten la fragmentación de los partidos. Propiciar la
derogación de la Ley de Lemas donde haya sido
establecido y oponerse a futuras sanciones”.
V.- ADMINISTRACION PUBLICA: “Impulsar la reforma de la
administración pública nacional, provincial y municipal,
de forma tal que el gobierno de la cosa pública responda
a principios de eficiencia social, austeridad
republicana, centralización, imparcialidad, equidad,
igualdad y publicidad de sus actos y regulaciones.
Asegurar la designación por concurso, la vigencia del
escalafón y la estabilidad. La gestión administrativa
deberá procurar brevedad en los plazos, sencillez en los
trámites, y transparencia en los procedimientos. Será
obligatorio presentar Declaración Jurada de bienes al
acceder y al retirarse de la función publica en los tres
poderes del Estado”.
VI.- ROL DEL ESTADO: “El Estado es la expresión jurídica
de la soberanía popular y el factor básico para el
desarrollo económico y social y de racionalidad en su
intervención sobre el mercado. El Estado contará con los
recursos humanos técnicos, normativos y económicos
adecuados para ejercer su protagonismo en los procesos
económicos. Eficacia operativa, la democratización de
sus estructuras y la permanente modernización de sus
instrumentos son requisitos esenciales para que cumplan
su rol. El planeamiento democrático es el instrumento de
cambio estructural hacia una sociedad más justa, libre e
igualitaria, imperativa para el sector público,
indicativa para el sector privado. El Estado ejerce un
papel indelegable en Defensa, Seguridad, Justicia y
Educación, Salud y Seguridad Social. El Estado
interviene, promueve y regula las relaciones
económico-sociales y la reconversión y modernización
productiva y de los servicios para lograr el proceso
social y cultural igualitario. A esos fines impulsa
especialmente la investigación e innovación científica y
tecnológica promoviendo la cooperación e integración
internacional con la finalidad de generar ventajas
comparativas y competitivas reduciendo la dependencia
externa. Orienta la asignación de la inversión y asegura
la estabilidad requerida para el crecimiento económico.
Fomenta la libre competencia y la capacidad creadora de
la propiedad y la iniciativa privada para que cumpla una
función social. Combate la usura, la especulación
parasitaria y todas aquellas formas económicas que
tiendan a dominar los mercados o aumentar
arbitrariamente las ganancias. El Estado reconoce y
apoya la función económica y social de la cooperación
libre. Los servicios públicos serán prestados
directamente por el Estado Nacional, provincial o
Municipal, con la debida participación de los
trabajadores, productores o usuarios. Podrán ser dados
en concesión cuando este garantizada la mejor prestación
asegurando su extensión igualitaria y respondiendo a una
armónica integración social y territorial y no menoscabe
la capacidad de decisión nacional. Cualquier concesión
de servicios públicos esenciales en manos privadas debe
evitar la constitución de monopolios, ser transparentes,
racional, ordenada, fundada en valuaciones objetivas y
precedidas por la sanción de un marco regulatorio
adecuado, que incluya entre otros puntos la defensa de
los intereses de los usuarios, el plan estratégico del
desarrollo empresario y los compromisos de inversión de
los futuros prestadores. Se dará prioridad a las
cooperativas y organizaciones comunitarias y al capital
nacional en la privatización de servicios públicos. El
Estado manejará los recursos energéticos, la ampliación
de sus disponibilidades, el uso intensivo de los
recursos renovables garantizando la igualdad de
oportunidades para todos en materia de disponibilidad
energética actual y futura en condiciones comparables de
continuidad, calidad y acceso para todos los
habitantes”.
VII.- DESARROLLO SOCIAL: “Propender a un desarrollo
social presidido por los principios de equidad,
solidaridad, participación popular, inherentes a una
concepción amplia de los derechos humanos, que son
también violados cuando se impide a los individuos el
acceso a los recursos esenciales para su desarrollo
integral. Los ejes de política social deben ser: la
lucha contra el desempleo, la pobreza y todas las
condiciones que tienden a su reproducción; la
disminución de las desigualdades sociales y el
mejoramiento de la calidad de vida. Es función
fundamental del Estado lograr la equidad social y la
igualdad de oportunidades y no proveer a un mero
asistencialismo. A tal fin deberá proveer los medios
para obtener el pleno empleo y el aumento persistente
del ingreso de los sectores asalariados, removiendo los
factores estructurales que determinan la inequidad
social. Hasta tanto se obtengan esos objetivos, serán
fortalecidos la vivienda digna, la protección preventiva
y curativa de la salud, el acceso a la educación
integral y el régimen de seguridad social que comprenda
a toda la población, protegiendo prioritariamente a la
niñez, a los discapacitados, al núcleo familiar y a la
tercera edad. Las organizaciones sociales y
empresariales y el sistema de relaciones del trabajo
deben democratizarse íntegramente, a partir de la
libertad de agremiación, vigorizando la negociación
colectiva para encontrar las respuestas adecuadas para
las exigencias de una política de crecimiento;
distribución más justa de la riqueza y la mejora de las
condiciones de trabajo; ratificación expresa y efectiva
aplicación de los contenidos del art. 14 bis de la
Constitución Nacional. Las Obras Sociales, por su
carácter universal, deben estar sujetas a un contralor
funcional y patrimonial que asegure su neutralidad y el
adecuado cumplimiento de sus fines específicos. Se debe
defender la negociación colectiva como mecanismo para
mejorar las condiciones laborales y de vida de los
trabajadores, así como respetar plenamente el derecho de
huelga haciéndolo compatible con la prestación de los
servicios públicos esenciales e impidiendo su
desvirtuación por vía reglamentaria”.
VIII.- ECOLOGIA: “Promover la defensa de los recursos
naturales y el medio ambiente, impulsando un desarrollo
integral de la sociedad ecológicamente sostenible y
estableciendo medidas que impidan la aparición de
impactos negativos sobre la naturaleza. Defender los
recursos naturales renovables y no renovables.
Garantizar a todo ciudadano el derecho de actuar en
defensa de la naturaleza. Desarrollar planes integrales
para solucionar los problemas que afectan la calidad de
vida en el interior del país y en las áreas
metropolitanas, incluyendo la acción de las catástrofes
naturales. Apoyar la lucha por la conservación de los
paisajes naturales, las reservas naturales, la
preservación de la flora y de la fauna y los acervos
acuíferos y boscosos. Trabajar contra la erosión y
desertización. Promover la cooperación internacional
para la defensa del medio ambiente, teniendo en cuenta
los grandes problemas mundiales que afectan la
conservación del planeta y la sobrevivencia de la
especie humana; y principalmente, los intereses de los
países en desarrollo. Planificar la gestión del
ambiente, coordinando la acción de los organismos
públicos y privados. Oposición absoluta a que el
territorio argentino sea utilizado como deposito de
residuos tóxicos, peligrosos o radioactivos”.
IX.- EDUCACION: “Educar para una nueva sociedad,
democratizando el poder de conocimiento y recuperando el
desarrollo científico y tecnológico. Impulsar la
legislación que asegure la transformación y
financiamiento del sistema educativo en base a los
principios de igualdad de oportunidades, posibilidades y
educación para todos, consagrados en la Ley 1420
reafirmado el Rol indelegable del Estado, y las
facultades concurrentes de la Nación y las provincias,
garantizando la laicidad, la calidad de la escuela
pública. Revertir el deterioro del sistema educativo en
todos sus niveles y modalidades, dotándolo de recursos
suficientes para su funcionamiento y adecuando el
esfuerzo de la comunidad educativa a los desafíos que la
crisis del avance científico tecnológico trae
aparejados. Reafirmar los postulados de la reforma
universitaria y fortalecer la enseñanza superior
impulsando la formación cuaternaria y las tareas de
investigación. Integración de la universidad estatal al
mercado productivo y de servicios. Garantizar en todos
los niveles del sistema la participación de la comunidad
educativa en la toma de decisiones y en la conducción
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Erradicar el
analfabetismo. Garantizar el proceso educativo
permanente, mediante mecanismos institucionales,
formales y no formales. Ampliar la obligatoriedad de la
enseñanza al ciclo medio e incentivar la enseñanza
técnica con salida laboral. El monopolio de la
habilitación para el ejercicio de las profesiones será
responsabilidad del Estado, que controlará su calidad y
eficacia. Jerarquizar el sistema científico-tecnológico,
tanto en el estudio y resolución de los problemas
acuciantes como en la discusión racional y libre de
todos los grandes temas de la época. Asegurar el
crecimiento y la vitalidad de la base científica del
país. Ratificar el rol del Estado en la promoción y
financiamiento de la investigación científica y
tecnológica, incluyendo el estímulo a la vinculación
entre la actividad productiva y la investigación
científica y tecnológica, fomentando la incorporación de
tecnología de avanzada en el proceso productivo. El
Estado garantizará la gratuidad de enseñanza en los tres
niveles”.
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